JOSÉ MARÍ OLANO, CARTA ABIERTA A LOS FISCALES JEFE

ESTIMADOS señores fiscales jefe:

He leído en los periódicos su comunicado acerca de la comida que el fiscal superior de la Comunidad Valenciana y su teniente fiscal tuvieron la semana pasada en un restaurante de Valencia en el que también comían tres destacados funcionarios policiales, quienes acababan de declarar como testigos en el procedimiento en el que se investiga un delito de revelación de secretos procesales. Tengo personalmente, y lo tenemos en el PP, el máximo respeto hacia el Ministerio Fiscal y la mayor consideración hacia los fiscales. Sin embargo, este respeto no me impide exponer mi opinión cuando creo que adopta una posición institucional que considero rechazable o cuando un concreto fiscal se comporta incorrectamente: mi condición de ciudadano, profesional del derecho y parlamentario me lo permiten, y esta última me lo exige. Creo que las decisiones institucionales de la Fiscalía, responsabilidad última del fiscal general del Estado, que es el único que puede dar órdenes al resto, quienes deben acatarlas, no obedecen estrictamente a la imparcialidad que constitucionalmente caracteriza al Ministerio Fiscal, y buena prueba de ello es el constante rechazo de esa posición institucional por los Tribunales: desde la anulación de escuchas cuya legalidad era respaldada por el la Fiscalía (las de las conversaciones de presos con sus abogados) hasta la petición por la Fiscalía de archivo de una investigación por graves delitos (el «caso Faisán»), pasando por las decisiones adoptadas en las causas que afectan al juez Garzón. Estas decisiones obedecen a una intención implícita en quien las inspira, el fiscal general del Estado, quien parece actuar movido por un impulso superior: favorecer políticamente al PSOE y perjudicar al PP. Y creo que esta intención ha tenido su reflejo en el caso que ahora nos ocupa, un delito de revelación de secretos cuya primera prueba se encarnó en la conducta del único imputado en la causa, Ángel Luna.

En este caso, la actuación de la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal superior, se ha caracterizado por su total pasividad inicial y, en mi opinión, por una actuación cuanto menos contemplativa y cuanto más escapista del teniente fiscal, que es quien se ocupa del caso. Y estas afirmaciones que hago ahora no forman parte de «estrategias de dudosa finalidad constitucional», como aseveran ustedes en su comunicado, sino que las hago en el libre ejercicio de mi libertad de expresión.
Ni el PP ni yo mismo tenemos nada contra el fiscal superior, como tampoco contra ningún fiscal. Pero eso no nos impide que no creamos las explicaciones que ha dado, que no creamos que el encuentro con los policías fue casual y la conversación, protocolaria.

Afirman ustedes que no debemos «valorar como anormal la relación entre fiscales y policías», y nos recuerdan que el trato con policías «es consustancial a la propia función fiscal, dada la coincidencia en la defensa del Estado de Derecho». En el PP somos conscientes de ello, pero en este caso olvidan, señores fiscales jefe, que los policías que acababan de testificar no eran testigos propuestos por la Fiscalía ni realizaban una investigación impulsada por ella. Además, si el encuentro fue casual y la conversación protocolaria, ¿a qué viene hablar de la relación institucional entre fiscales y policías?

El primer ingrediente de un proceso injusto es un fiscal parcial. Esta es la tercera vez que lo escribo en pocas semanas. Y en el PP tenemos razones sobradas y fundadas para dudar que la Fiscalía, como institución capital del Estado de Derecho, está siendo imparcial en los asuntos con trascendencia político-mediática.

Por lo demás, esta afirmación no debería sorprenderles. Ni es nueva ni, mucho me temo, será la última vez que se haga.

Con todo respeto y consideración.

Fuente: abc.es