El 99% de las mujeres que ejercen la prostitución en la provincia y la totalidad del personal vinculado a los establecimientos identificados, son inmigrantes procedentes de fuera de la Unión Europea". Así lo aseguró ayer el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, en el transcurso de su intervención en la mesa redonda Movimientos migratorios y prostitución celebrada dentro del III Congreso Estatal de la Fundación Isonomía, en la Universitat Jaume I.
El subdelegado, quien abogó por aplicar políticas de igualdad y aseguró que esta lucha "es prioridad del partido socialista", insistió en que la medida policial no es suficiente para acabar con la explotación sexual y las redes mafiosas. "En provincias como Castellón, la apariencia de legalidad de las empresas, en el ámbito de la prostitución, es enorme: el 100% de las mujeres están legales, la policía les pregunta y responden que están allí libremente, y si no denuncian, poco más se puede hacer", comentó Calles, quien destacó, que "con la presión policial lo único que se ha conseguido es que cambien de sitio".
El subdelegado reconoció que "la lucha contra los proxenetas está siendo dura y las redes son muy difíciles de desarticular, pues tal como caen, aparecen otras". Hizo hincapié en que el Gobierno apuesta por políticas de carácter integral que combinan la asistencia y protección a las prostitutas, y la educación y sensibilización a la sociedad.
Calles también recordó que el desarrollo reglamentario de la ley de extranjería prevé la posibilidad de que los inmigrantes en situación irregular que hayan sido objeto de explotación sexual, puedan quedar exentos de responsabilidad administrativa y no ser expulsados si denuncian.
Junto a Calles, en la mesa, intervino Olaya Castells, fundadora y presidenta de la oenegé Causas Unidas, quien abogó por legalizar la prostitución y luchar contra el tráfico de personas y por los derechos humanos.
¿LEGALIZACIÓN? Una postura diferente expuso la coordinadora de Alecrin (Asociación Feminista para la Integración de las Mujeres, en Galicia), Silvia Pérez, quien considera que legalizando la prostitución "no se solucionará el problema, pues lo piden los proxenetas para poder blanquear el dinero" y apostó por políticas de igualdad. Ambas mujeres, al igual que la coordinadora del área social de la Fundación Isonomía, María José Ortí, coincidieron en la situación de extrema violencia a que son sometidas las prostitutas por parte de las redes mafiosas.
Calles: "El 99% de prostitutas en Castellón son inmigrantes" ( El Periódico Mediterraneo - 15/09/2006 )
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