
Su primera decisión agrava errores anteriores, ahora va a primar a las autonomías a aquellas autonomías que, como la de Andalucía, más han precarizado la atención a mayores y discapacitados, con denuncias incluidas de sindicatos y empresarios.
Las regiones que han optado por crear un nuevo PER, una nueva red clientelar, con pequeñas cantidades para llegar con “cuidados informales” y “atención no profesional” a un gran número de personas, se llevan la mayoría de los recursos que debieran ser por igual para todos los españoles.
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