El gobierno de Rodríguez Zapatero, el del mayor recorte social de la democracia, aun no está saciado. Tras bajar los salarios a los empleados públicos, congelar las pensiones, suprimir ayudas a la maternidad y menguar las de las personas dependientes, ahora quiere entrar en la historia de las políticas sociales.
Y lo va a conseguir. Primero elevó la edad de jubilación que se había establecido en 1919, en la época de Alfonso XIII, a los 67 años y ahora quiere eliminar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España, que es una institución creada en 1906 y que viene actuando con eficacia, independencia y profesionalidad.
Así el ejecutivo socialista pretende cambiar la actual ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo borrador de Proyecto de Ley fracciona en 17 la actual Inspección, y supone de facto la disolución de la unidad inspectora.
En la práctica supondría, entre otras cosas, hacer depender la Inspección de Trabajo de los consejeros autonómicos que aprueban los expedientes de regulación de empleo –EREs-.
En el caso de Andalucía, el Consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, que ejerció el cargo entre 2004 y 2010, y que figura como fraudulento prejubilado en uno de los EREs que él mismo aprobó, sería de quien dependerían los inspectores que deben velar porque eso no ocurra, y además el propio Consejero sería el responsable de la formación, promoción e incluso de acción disciplinaria contra los propios inspectores.
Esta reforma legal, que el gobierno va a impulsar “con la mayor celeridad posible”, puede favorecer la absoluta impunidad en casos como los Eres de Andalucía, y, como censura la Organización Internacional del Trabajo, imitaría el modelo griego de inspección, cuyas consecuencias han sido la fractura de la unidad de la Inspección, la falta de cooperación y de coordinación de los servicios; fallos en la aplicación uniforme de las normas del trabajo; el traslado de inspectores competentes; el ingreso sin oposición de personas sin experiencia y la falta de independencia de un cuerpo que viene actuando gran profesionalidad.
Si los fondos de reptiles existen en alguna comunidad lo que hay que hacer es reforzar la inspección y no someterla a la propia autoridad inspeccionada. Pero desgraciadamente esta parece ser la apuesta gubernamental.
Un siglo de inspección de trabajo, y casi otro con jubilaciones a los 65 años, le han durado a Zapatero tanto como su coherencia, nada.
Miguel Barrachina Ros
Portavoz de Función Pública del PP en el Congreso
Y lo va a conseguir. Primero elevó la edad de jubilación que se había establecido en 1919, en la época de Alfonso XIII, a los 67 años y ahora quiere eliminar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España, que es una institución creada en 1906 y que viene actuando con eficacia, independencia y profesionalidad.
Así el ejecutivo socialista pretende cambiar la actual ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo borrador de Proyecto de Ley fracciona en 17 la actual Inspección, y supone de facto la disolución de la unidad inspectora.
En la práctica supondría, entre otras cosas, hacer depender la Inspección de Trabajo de los consejeros autonómicos que aprueban los expedientes de regulación de empleo –EREs-.
En el caso de Andalucía, el Consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, que ejerció el cargo entre 2004 y 2010, y que figura como fraudulento prejubilado en uno de los EREs que él mismo aprobó, sería de quien dependerían los inspectores que deben velar porque eso no ocurra, y además el propio Consejero sería el responsable de la formación, promoción e incluso de acción disciplinaria contra los propios inspectores.
Esta reforma legal, que el gobierno va a impulsar “con la mayor celeridad posible”, puede favorecer la absoluta impunidad en casos como los Eres de Andalucía, y, como censura la Organización Internacional del Trabajo, imitaría el modelo griego de inspección, cuyas consecuencias han sido la fractura de la unidad de la Inspección, la falta de cooperación y de coordinación de los servicios; fallos en la aplicación uniforme de las normas del trabajo; el traslado de inspectores competentes; el ingreso sin oposición de personas sin experiencia y la falta de independencia de un cuerpo que viene actuando gran profesionalidad.
Si los fondos de reptiles existen en alguna comunidad lo que hay que hacer es reforzar la inspección y no someterla a la propia autoridad inspeccionada. Pero desgraciadamente esta parece ser la apuesta gubernamental.
Un siglo de inspección de trabajo, y casi otro con jubilaciones a los 65 años, le han durado a Zapatero tanto como su coherencia, nada.
Miguel Barrachina Ros
Portavoz de Función Pública del PP en el Congreso
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