Falange y Manos Limpias sientan a Garzón en el banquillo por la causa contra el franquismo

Hoy comienza el segundo juicio que sienta al Juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados imputado por prevaricación en la causa de víctimas del franquismo

En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

Por ello, solicitan al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.

Según el sindicato -uno de las tres organizaciones que se querellaron por esta causa junto a la Falange Española de las JONS y la asociación Libertad e Identidad-, "el momento culminante de la antijuridicidad" cometida por el magistrado es su auto de 16 de octubre de 2008" en el que, contra el criterio del fiscal, declaró la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación y enjuiciamiento de los hechos denunciados por asociaciones de memoria histórica.

Para Manos Limpias, todas las resoluciones dictadas por Garzón en la causa abierta en la Audiencia Nacional son injustas por infracción del ordenamiento jurídico-penal, al haber sido dictadas "en fraude de ley, eludiendo normas aplicables y procurando la aplicación de otras no procedentes".

Igualmente, la acusación alega que se resolvió la persecución de delitos manifiestamente prescritos, no se respetó el principio de legalidad, al dejar sin aplicar la Ley de Amnistía, y se incumplieron las normas de competencia establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.