La Audiencia desestima el recurso de Fiscalía y confirma el archivo de la denuncia por las entradas de la Beneficencia

Vicepresidente Diputación Castellón- Miguel Barrachina

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha desestimado por segunda vez el intento del PSOE judicializar el sistema de reparto y cobro de la corrida de la Beneficencia de los años 2010 y 2011. Así lo ha decidido esta semana tras el recurso presentado por el fiscal tras el primer archivo de la cusa por parte del Juzgado número 4 de Castellón.

De esta forma, el pasado 22 de diciembre, procedió a “la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida” promovida por el fiscal a consecuencia del procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Vila-real y el PSOE provincial, que se personó como acusación particular. Hay que recodar que en julio, el Juzgado número 4 de Castellón ya archivó la causa.

Miguel Barrachina, portavoz de la Diputación de Castellón, ha recordado tras conocer esta resolución que “los funcionarios llevan esperando seis meses las disculpas de Colomer y del PSOE por llevarles al juzgado para que les condenasen por la Corrida de la Beneficencia”. Hay que recodar que fueron imputados varios funcionarios a raíz de la causa en la que personó el PSOE.

El auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón determina, textualmente, que “la documentación aportada al proceso corrobora que se trataba de una simple oferta de entradas para colaborar en un evento benéfico, de la que hacían uso los Ayuntamientos de modo libre y voluntario. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las entradas son títulos con un valor pecuniario previamente establecido, por lo que por si mismas permiten liquidar el crédito existente. Ninguna ilicitud penal se puede apreciar en ello”.

Además, deslegitima el intento del alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch, y de Francesc Colomer de judicializar como prevaricación y malversación de caudales públicos lo que es un procedimiento administrativo reglado, ya que, según dicta el auto judicial, “la finalidad de los festejos era recaudar fondos a favor de personas desfavorecidas, sin que nadie se haya lucrado ilícitamente, antes bien obra en la causa que el dinero recaudado fue entregado a asociaciones benéficas”.

Barrachina ha lamentado nuevamente “el continuo intento, tanto de Francesc Colomer como de José Benlloch, de judicializar la vida política. Lo único que han conseguido es malgastar el dinero de los ciudadanos y poner bajo sospecha a funcionarios de la Diputación de Castellón que han realizado una labor intachable, como ha determinado la Justicia, por segunda vez”.

Fuente: Gabinete de Comunicación dipcas.es