La línea argumental para reclamar esta ayuda económica por identidad o condición sexual sigue los preceptos de cualquier otro colectivo izquierdista, a saber, la victimización (al igual que el feminismo de tercera y cuarta ola) sería la llave que abriría el grifo de las rentas públicas. Pese a que España es uno de los países pioneros en los derechos de los homosexuales, además de contar con leyes específicas de protección nacionales y autonómicas, las asociaciones izquierdistas no cejan en su empeño de presentarlos como un grupo con capacidades inferiores por su tendencia sexual, razón suficiente, según la ortodoxia LGTBI de izquierdas, para percibir una cuantía porque sí. Y así lo reflejan en su comunicado:
"Nos unimos, por tanto, a las voces que reclaman que esta Renta Básica Universal no tenga las trabas burocráticas que convierten las Rentas Mínimas de algunos territorios en carreras de obstáculos, ni el sesgo familiocéntrico que toma la unidad de convivencia como referencia, obviando las relaciones de poder desiguales que sufrimos las personas LGBTI. Es absolutamente necesario que esta universalidad sea real, sin criterios de exclusión para que llegue a todas, también a las personas migradas.
¡Redistribuyamos la riqueza para construir un mundo más justo, feminista y diverso!", exponen en su web.
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