Los plenos de la Diputación de Castellón son últimamente un hervidero de periodistas. En ellos, más de cuarenta medios de comunicación acreditados -muchos procedentes de Madrid- vienen observando hasta el más leve de sus gestos, registrando hasta su palabra menos perceptible, o tratando de extraer un titular mediante el uso de algún ardid supuestamente ingenioso. En torno a la figura de Carlos Fabra (Castellón, 1946), no pocos tratan de generar un chirriante ruido público que, junto a su peculiar situación procesal y a episodios rocambolescos surgidos alrededor de esa compleja circunstancia, forzosamente ocultan la faceta más meritoria de un político que desde 1995 no ha dejado de ampliar la base del PP en la provincia hasta enganchar a ésta al tren de la prosperidad mediante el impulso de proyectos estratégicos como el aeropuerto de Castellón, una realidad ya en ciernes.Leer entrevista...
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Los cargos públicos del PP "se comprometen a comunicar a la dirección del partido y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". En el caso del presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en la provincia, Carlos Fabra, los indicios racionales existentes no se deben sólo a la comisión de un presunto delito, sino de dos o más. Pese a ambas imputaciones, la dirección del PP ha optado por no reclamar su cargo a Fabra.
Aunque las líneas de investigación sobre las actividades de Fabra partieron de dos orígenes diferentes, ambos procedimientos se han acumulado en la instrucción que dirige el Juzgado número 1 de Nules, en Castellón. Una de ellas, la que analiza la acusación por la presunta comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, está íntimamente ligada a su actividad pública como presidente de la Diputación, ya que un empresario le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La segunda, surgida de la denuncia por la comisión de un posible delito fiscal y la acusación de un incremento patrimonial injustificado, podría circunscribirse al plano personal. Pero la juez ha entendido que entre ambas existe una conexión.
Pese a ambas imputaciones, la dirección del PP no ha reclamado su cargo al presidente del partido en Castellón. Lo evitó en diciembre de 2003, cuando se inició el procedimiento, y lo ha eludido de nuevo este mes, pese a que la acusación ya no parte ni siquiera de un particular sino de una institución como es la Agencia Tributaria, que presentó la denuncia contra Fabra por el presunto fraude de una cuota de IRPF de 149.198 euros.
No es éste el único punto que incumple el llamado caso Fabra. El código ético del PP también sostiene que la dirección del partido y sus cargos "asumen el compromiso de abrir", en el caso de existir indicios racionales de delito y, por tanto, una imputación, "una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina".
Sin investigación interna
De momento, ni el PP de Castellón, ni el de la Comunidad Valenciana, ni la dirección nacional han iniciado investigación o expediente alguno. Bien al contrario, todos sus dirigentes se han mostrado explícitos al manifestar su apoyo a Fabra, hecho que éste ha aprovechado e incluido en los comunicados que ha leído como única respuesta a las acusaciones. Así, en su última intervención, recordó que cuenta con el apoyo de su partido, "de forma unánime", según dijo, y desde "todas las esferas", tal como sostuvo tras desvelar que había estado en Madrid.
Y es que Fabra no es únicamente un cargo que se aferre a su sillón pese a que su partido mostrara su "preferencia" teórica por separar de la actividad pública a los imputados en procesos judiciales, aun teniendo en cuenta la presunción de inocencia. Han sido muy pocos los que han hablado, también en su defensa, siempre con la boca pequeña y antes de que, cada vez que se le requiriera, el presidente regional del PP en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mostrara su apoyo incondicional a quien le ayudó a mantenerse en el liderazgo de los populares valencianos.
La grave crisis que sufrió el PP autonómico, centrada en la lucha de poder entre Camps y su antecesor, el actual portavoz parlamentario Eduardo Zaplana, puso a Fabra o, lo que es lo mismo, al PP de Castellón, como árbitro y poseedor de los votos necesarios para inclinar la balanza del lado de Camps, que finalmente se alzó con la presidencia regional. Para algunos, el pago de aquel favor está siendo demasiado elevado, ya que el presidente de la Generalitat valenciana une, cada vez más, su futuro al de Fabra.
En cualquier caso, "sin micrófonos" las versiones no cambian mucho, aunque las consideraciones personales llevan a más de uno a resoplar cuando es preguntado por la situación en la que queda el PP ante el incumplimiento de sus propias normas. "Mientras Camps le apoye...", aseguran. Aun así, mientras que cuando se presentó la primera denuncia contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón varios dirigentes sí se atrevieron a sostener que la falta de aplicación del código ético se debía a que no existía en aquel momento una imputación penal, ahora prefieren alegar que dicho compromiso no se encuentra en los estatutos del partido.
Aquel código basado en los principios de lealtad, dedicación, transparencia y responsabilidad que presentó el entonces presidente del Gobierno y presidente nacional del PP, José María Aznar, como la panacea de las medidas anticorrupción ha caído en saco roto.
Chorizo.
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