Compromís e IU firmaron un manifiesto contra la 'doctrina Parot'

Joan Baldoví, diputado en el Congreso por Compromís

El diputado Baldoví mostró su rechazo a la norma que ahora tumba Estrasburgo y que abre la puerta a salir de prisión a peligrosos delincuentes

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de tumbar la 'doctrina Parot' ha generado una fuerte polémica. La posible salida de prisión de peligrosos delincuentes -ya lo ha hecho la etarra Inés del Río- ha desatado la alarma social. Miguel Ricart, condenado por el triple asesinato de las niñas de Alcàsser, es otro de los presos que podría verse beneficiado por esta sentencia.

A mediados del pasado mes de septiembre, un grupo de parlamentarios españoles mostró su respaldo a un manifiesto contra la 'doctrina Parot'. Miembros del Senado y del Congreso de los Diputados del Estado español -casi medio centenar-, de un total de nueve formaciones políticas distintas ( IU, CiU, PNV, Amaiur, ERC, ICV, BNG, Geroa Bai y Compromís), firmaron una carta conjunta dirigida a Nils Muiznieks, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, contra la doctrina 197/2006 ('doctrina Parot'). En ella, sostenían que su aplicación se basa en criterios de «puro castigo, de ejemplaridad o simplemente de venganza».

Entre los firmantes del manifiesto se encontraba el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví. El parlamentario valenciano, que desde que arrancó la legislatura se ha caracterizado más por mantener actitudes pensando en llamar la atención que en presentar iniciativas con contenido -lo último fue parafrasear desde la tribuna del Congreso al humorista José Mota-, respaldó un documento que ningún parlamentario de los dos partidos mayoritarios quiso apoyar y cuyo contenido se alinea con la decisión adoptada ahora por Estrasburgo.

En la iniciativa, que echó a rodar en marzo pero que se conoció en septiembre, los firmantes rechazaban el respaldo del Tribunal Constitucional a la polémica doctrina de excepción, haciendo referencia a las sentencias con que ha permitido su aplicación a decenas de presos vascos. En este sentido, el texto sostenía que la falta del pronunciamiento sobre el fondo de esta cuestión «no puede sino deberse a la debilidad e inconsistencia jurídica que tiene tanto la propia doctrina como su aparición sorpresiva (.) tras años de interpretación pacífica y unívoca en el sentido justamente contrario».

Los grupos políticos firmantes también hacen mención del sufrimiento que su aplicación supone para la persona presa, «que mientras ha estado cumpliendo su condena y se ha formado su expectativa de libertad, abre una puerta a la incertidumbre».

A su juicio, la postura del TC deja en evidencia ciertos aspectos. En primer lugar, «la permeabilidad absoluta» de las resoluciones judiciales con respecto a decisiones de «naturaleza estrictamente política». En segundo lugar, una «desviación», al pasarse de los criterios de «resocialización» a otros .

«de puro castigo, de ejemplaridad o simplemente de venganza». Por último estiman que, esencialmente en los últimos años, existe una aplicación ad hoc de la ley, «en una grave deriva hacia el derecho penal del enemigo»

Fuente: Las Provincias