• El Colegio de la Resurrección gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas fue clausurado por la Consellería que dirige Mónica Oltra
• El cierre del centro de acogida dejó sin hogar segorbino a 18 niños
• Las acusaciones que propiciaron el cierre todavía no han podido ser justificadas por la institución autonómica
La monitora, que fue contratada por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, será juzgada por un delito leve de lesiones propinadas a un menor de edad durante los traslados en autobús desde los colegios segorbinos hasta los centros donde fueron redirigidos las semanas próximas al fin del pasado curso escolar.
La Fiscalía provincial de Castellón es la única parte que ejerce la acusación pues la Consellería de Igualdad ha declinado personarse como acusación, por lo que presumiblemente se desprende que prefiere no defender los derechos del menor agredido el 25 de mayo.
El ministerio fiscal, por el contrario, no ve indicios de delito de odio por los insultos proferidos por la monitora de Consellería hacia el menor, por lo que solo será juzgada por el delito leve de lesiones previsto y contemplado en el artículo 147.2 del Código Penal dado que no fue necesario el tratamiento médico y quirúrgico del menor.
El Partido Popular de Segorbe valora positivamente el juicio abierto para esclarecer los hechos ocurridos entre el menor de edad, ex alumno del Colegio de la Resurrección y la monitora de Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Afirman que “el único maltrato propiciado en el Colegio de la Resurrección fue el de la retirada forzosa por parte de la consellera Mónica Oltra, un cierre ideológico del nacionalismo que no respeta la acreditada trayectoria de 118 años del centro religioso de menores y que solo buscaba dañar el nombre de las Hermanas Terciarias, así como la religión y la historia de Segorbe, nuestra ciudad”.
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