*Propondrá además una sanción administrativa por incumplir la ley
La Dirección Territorial de Patrimonio ha encargado el informe jurídico para determinar la responsabilidad del derribo del palacete de Castellnovo decretado por el anterior alcalde, Jorge Picó. Además de proponer una sanción administrativa al Ayuntamiento, Patrimonio estudia remitir la documentación a la Fiscalía o al Juzgado correspondiente para que determinen si se deriva alguna responsabilidad penal por la decisión de demoler un inmueble protegido por las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Castellnovo.
El director territorial de Patrimonio, Francisco Medina, ha confirmado que la documentación está en espera de estudio por parte del departamento jurídico de la Consellería y que la decisión final estará en manos de la Dirección General de Patrimonio, con sede en Valencia. Pese a que todavía no existe una resolución. Medina avanza que, en vista de lo sucedido, "propondremos una sanción administrativa" puesto que el derribo no contaba con la autorización de la Consellería como es preceptivo, al tratarse de un inmueble protegido por las normas locales y situado además junto a la antigua muralla de Castellnovo, declarada BIC.
Cabe recordar que, tras la demolición, el pasado mes de mayo, la Dirección Territorial de Patrimonio ordenó parar cualquier trabajo en el edificio, aunque ya era demasiado tarde puesto que el inmueble había sido derruido por completo.
En aquel momento, Patrimonio aseguró que había remitido hasta tres escritos exigiendo al entonces alcalde, Jorge Picó, que frenara el proceso de derribo, pero éste siguió adelante alegando el deficiente estado de conservación de la vivienda y el riesgo de derrumbe.
Además, el primer edil justificó su decisión por un auto judicial que autorizaba a demoler el palacete con más de 200 años de antigüedad situado en la calle Emilio¨Pérez. Según Patrimonio, en cambio, el auto sólo autorizaba a entrar en la casa para apuntalarla en caso de necesidad pero para el derribo era imprescindible el permiso de la Consellería.
Así las cosas, el asunto puede desembocar también en la vía judicial al considerar responsables autonómicos que la decisión municipal podría suponer un atentado contra el patrimonio. Además teniendo en cuenta que el propietario de la vivienda falleció sin herederos directos, la propiedad estaba ahora en expensas de que pase a manos de la Generalitat Valenciana como patrimonio cultural e histórico de Castellnovo.
La Dirección Territorial de Patrimonio ha encargado el informe jurídico para determinar la responsabilidad del derribo del palacete de Castellnovo decretado por el anterior alcalde, Jorge Picó. Además de proponer una sanción administrativa al Ayuntamiento, Patrimonio estudia remitir la documentación a la Fiscalía o al Juzgado correspondiente para que determinen si se deriva alguna responsabilidad penal por la decisión de demoler un inmueble protegido por las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Castellnovo.
El director territorial de Patrimonio, Francisco Medina, ha confirmado que la documentación está en espera de estudio por parte del departamento jurídico de la Consellería y que la decisión final estará en manos de la Dirección General de Patrimonio, con sede en Valencia. Pese a que todavía no existe una resolución. Medina avanza que, en vista de lo sucedido, "propondremos una sanción administrativa" puesto que el derribo no contaba con la autorización de la Consellería como es preceptivo, al tratarse de un inmueble protegido por las normas locales y situado además junto a la antigua muralla de Castellnovo, declarada BIC.
Cabe recordar que, tras la demolición, el pasado mes de mayo, la Dirección Territorial de Patrimonio ordenó parar cualquier trabajo en el edificio, aunque ya era demasiado tarde puesto que el inmueble había sido derruido por completo.
En aquel momento, Patrimonio aseguró que había remitido hasta tres escritos exigiendo al entonces alcalde, Jorge Picó, que frenara el proceso de derribo, pero éste siguió adelante alegando el deficiente estado de conservación de la vivienda y el riesgo de derrumbe.
Además, el primer edil justificó su decisión por un auto judicial que autorizaba a demoler el palacete con más de 200 años de antigüedad situado en la calle Emilio¨Pérez. Según Patrimonio, en cambio, el auto sólo autorizaba a entrar en la casa para apuntalarla en caso de necesidad pero para el derribo era imprescindible el permiso de la Consellería.
Así las cosas, el asunto puede desembocar también en la vía judicial al considerar responsables autonómicos que la decisión municipal podría suponer un atentado contra el patrimonio. Además teniendo en cuenta que el propietario de la vivienda falleció sin herederos directos, la propiedad estaba ahora en expensas de que pase a manos de la Generalitat Valenciana como patrimonio cultural e histórico de Castellnovo.
Fuente: El Mundo de Castellón
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