Se inaugura una nueva era en ayuntamientos y diputaciones; entran en vigor acertadas normas nacionales que prohíben las duplicidades administrativas, topan los salarios a políticos, reducen asesores y delimitan competencias. Se unen además a aquellas otras reglas de sentido común establecidas por el gobierno de Rajoy que han eliminado 2.100 entes públicos superfluos, permiten que paguemos a proveedores en tiempo récord y que ha hecho que los mismos ayuntamiento quebrados en 2011 presenten hoy superávit.
En el caso de las diputaciones la aprobación de la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales hace que debamos concentrar nuestra actividad fundamentalmente en mejorar el abastecimiento y depuración de aguas, accesos, calles, alumbrado, limpieza, residuos, recaudación de tributos, contratación, y algunos otros a los 127 municipios de menos de 20.000 habitantes. Con el objetivo de garantizar que la calidad de los servicios en todos los rincones de la provincia tengan la mayor calidad.
En la difícil legislatura que se cierra la institución que lidera Javier Moliner ha ejecutado 1.600 obras en los 135 municipios de la provincia con una inversión superior a los 72 millones de euros, al tiempo que reducía la deuda en 60 millones y las convocatorias públicas de ayudas a municipios y asociaciones han pasado de 19 a 63 órdenes de subvenciones.
Esta semana hemos inaugurado la décima legislatura democrática de la Diputación con la corporación más joven de la historia para dirigir una administración modernizada, más rápida y útil. Una corporación en la que parte de la oposición no cree en la labor de la Diputación, sin la que el 80% de municipios de menos de 5.000 habitantes tendrían muy difícil su supervivencia. Ese discurso fácil, hecho desde las grades urbes, tiene escaso recorrido cuando uno pregunta en Sacañet, en Matet o en Castell de Cabres por quién se preocupa de su agua, de sus carreteras, de sus caminos, de apagar sus incendios, de reparar su repetidores de televisión, llevarles las cuentas, redactar sus proyectos de obras, atender a sus bandas de música o restaurar su patrimonio, todos hablan de la Diputación en primer lugar.
Seguirá siendo una tentación para las grandes ciudades pedir que se elimine la Diputación porque a ellos les préstamos escasos servicios, pero es enormemente insolidario con la parte más necesitada de nuestra provincia a la que servimos preferentemente. Nosotros sí creemos en la provincia de Castellón, en sus 600.000 habitantes, en sus 205.000 trabajadores y 41.000 empresarios y en el proyecto común que suponen los 135 municipios, por eso la Diputación debe también ejercer de leal defensora y contrapeso frente a quienes, en Bruselas, Madrid o Valencia puedan tener ambiciones centralistas.
Miguel Barrachina Ros
Secretario Provincial Partido Popular de Castellón
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