 |
| Miguel A. Poyo |
Para el miembro de Falange Española, se trata de un auténtico golpe de estado contra el derecho a la vivienda con una única explicación posible: la razón de ser del Partido Popular y sus gobiernos es asegurar, en todo momento, el blindaje de los privilegios de unos pocos, en este caso de la banca y las suministradoras, violando sin ningún tipo de remordimiento y de forma sistemática, los derechos sociales. Miguel A. Poyo se ha referido a este intento de "suspensión" como un auténtico secuestro de la democracia orquestado por la mafia financiera y el oligopolio eléctrico, que denuncia sin ambages la Falange y que impedirá a los españoles el intento de cambiar las leyes que permiten la vulneración diaria de los derechos elementales en nuestras casas.
Para Miguel Ángel Poyo, la última ofensiva contra la Ley 24/2015 indigna pero no sorprende a los falangistas, puesto que la legislatura de Rajoy ha sido marcada por ataques continuos a los más humildes: el rescate bancario de 100.000 millones de euros sin ninguna contrapartida social, mientras la ciudadanía sufría desahucios y constantes recortes en la educación y la sanidad pública, ha sido el tono permanente de un partido que siempre ha gobernado para los culpables de la burbuja inmobiliaria. Todas son medidas que retratan a la perfección a un gobierno insolidario, que mientras era imputado por incontables casos de corrupción, se convertía en corresponsable de más de medio millón de familias desahuciadas de sus hogares.
Afirmar únicamente que el PP no ha hecho nada ante los desahucios, sería incluso generoso: lo que han hecho en materia de derecho a la vivienda -aparte de promocionar la burbuja inmobiliaria y crediticia hasta que exploto- es atacar hasta tumbar todas y cada una de las propuestas que se han hecho para acabar con la emergencia habitacional, como cuando bloquearon la ILP Hipotecaría en el Congreso en 2013 que recogió un apoyo multitudinario de la población y de toda la sociedad con más de 1'5 millones de firmas.
La escandalosa actitud dictatorial del PP no tiene freno y se ha reflejado en la suspensión de leyes autonómicas que han dado pasos importantes para acabar con la emergencia: el Decreto Ley 6/2013 de Andalucía sobre la función social de la vivienda, la Ley foral 24/2013 de Navarra de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, la Ley 3/2015 de vivienda de Vascongadas y la Ley 2/2014 Canaria de vivienda. Leyes que fueron aprobadas en los parlamentos de cada autonomía y defendidas por una masiva mayoría social que quería acabar con la locura de vivir en un país con más de 150 desahucios al día.
Ahora la diana del PP ha apuntado y disparado contra la Ley 24/2015. Esta ofensiva no es un ataque improvisado. Tiene la clara intención de borrar del mapa una Ley que funciona, que ha cambiado las cosas, que ya es un referente en derecho a la vivienda y que ha inspirado a otras comunidades autónomas a legislar en el mismo sentido, como en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares. El PP tiene que velar por los intereses de la banca y las suministradoras, y por lo tanto no puede permitir que estas leyes existan y se repliquen.
Para la Falange, el Partido Popular sigue en su línea apostando por la vivienda como un objeto de especulación y negocio y no como un derecho, donde la función social de la vivienda tendría que estar en el centro. Apuesta abiertamente porque España sea el estado de la Unión Europea donde más se desahucia, con más vivienda vacía y con el parque público más pequeño. Y "trabaja duramente" porque centenares de miles de familias sufran sed, frío y oscuridad. Ni un paso atrás.
Comunicación FE de las JONS Castellón
Comunicación FE de las JONS Castellón
.
.jpg)
No hay comentarios :
Publicar un comentario